«Nos han paseado por todas partes. El Defensor del Pueblo, el Rey, el Banco de España, el Ministerio de Hacienda, el Congreso... Nos hemos entrevistado con todos los estamentos y de todos hemos sacado buenas palabras. Pero no han hecho nada. Estamos muy decepcionados», explica Lídia Jiménez, portavoz de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), que aglutina a 1.800 familias afectadas. Llegaron incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determinó que este asunto era competencia del Estado español. «Al final hemos tenido que abandonar la vía política, que ya está agotada. Ahora vamos a emprender la judicial. El caso ya está en manos de un gabinete jurídico», afirma Jiménez.
La APIGF se constituyó en 2005, año en que sus miembros empezaron a recoger las copias de todos los recibos que el Banco de España en manos de los afectados o sus descendientes.
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